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Organizaciones Civiles Unidas por un Ambiente Sano

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    Actualizado: hace 2 horas 5 mins

    RÍO PUELO - EL PORTÓN

    Dom, 10/30/2011 - 22:18

    Desde el año 1990 existe un derecho adquirido por la EMPRESA NACIONAL DEL ESTADO S.A
    Italia (ENDESA), para el aprovechamiento de 850 m3 por segundo, de ejercicio permanente y continuo, de las aguas superficiales del río Puelo, ubicado en la Décima Región, Provincia de Llanquihué- Chile.
    La adquisición de este derecho, amparado por el Código de Aguas, fue llevada a cabo en un acto constitutivo mediante una Resolución  firmada en Puerto Montt con la Dirección General de Aguas chilena.En el año 2007, luego de una serie de estudios practicados en la región que le permitían a ENDESA la captación y restitución de dicho caudal de agua para la construcción de una represa hidroeléctrica, se solicitó una autorización para un traslado del ejercicio de ese derecho hacia la Comuna de Cochamó en la misma provincia, con un proyecto llamado EL PORTÓN que construiría una central hidroeléctrica en la confluencia del río Totoral con el río Puelo.La solicitud fue aceptada por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado chileno, autorizando a la Dirección de Aguas a acoger la solicitud mencionada dando por sentado que se respetaría el cumplimento de la normativa ambiental vigente. (1)




     Ahora bien...¿Cuál es la relación que existe entre la construcción de esta represa con la ecología ambiental argentina?...
    Más allá de que un impacto ecológico que se produzca en cualquier sector del planeta es de primordial importancia para quienes nos preocupamos y ocupamos de la sanidad ambiental, resulta fundamental tratar de entender qué consecuencias directas pueden ocurrir en este caso en particular.
    ·         En primer lugar, la construcción de la represa se llevaría a cabo en las alturas de Llanada Grande de gran cercanía con nuestro país, y que provocaría un embalse de toneladas de agua ubicado sobre la falla geológica Liquiñe – Ofqui de actividad magmática (volcánica) comprobada. Es importante aclarar que existen estudios lo suficientemente serios que avalan que la construcción de represas en zonas sísmicamente activas, conllevan un serio riesgo de incremento de dicha actividad.·         Por otra parte, el lago y río Puelo se encuentran dentro del Parque Nacional Lago Puelo que forma parte de la Reserva Biosfera Andino Norpatagónica considerada Patrimonio de la Humanidad. Y en este ecosistema existe una inmensa variedad de flora y fauna típica de la región que quedaría literalmente en riesgo de ser afectada. ¿De qué forma?... La construcción de la represa inundaría unas 6000 hectáreas de la zona chilena, provocando una alteración del ecosistema que se traduciría en cambios físicos y climáticos sobre el lado argentino. Y con el peligro cierto de que sectores como El Bolsón se verían indirecta pero sustancialmente afectados.·         Y finalmente, pero no por ello menos importante sino más que bien todo lo contrario, pareciera fundamental conocer cuáles son los argumentos que se esgrimen en contra de la construcción de cualquier tipo de represas en relación al negativo impacto ambiental que producen:
    La Comisión Mundial de Represas (WCD), creada como organismo para estudiar y determinar los costos sociales, económicos y ambientales en la construcción de represas ha elaborado un informe que centra sus conclusiones específicas sobre el tema en lo siguiente:
    -          La pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses.
    -          La pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de las riberas, y estuarios adyacentes.
    -          Impactos acumulativos en la calidad del agua, en las inundaciones naturales y en la composición de las especies, cuando en el mismo río se construyen varias represas.
    Concluyendo que “En general los impactos sobre los ecosistemas son más negativos que positivos y han provocado, en muchos casos, pérdidas significativas e irreversibles de especies y ecosistemas. Los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha para contrarrestarlos han tenido un éxito limitado debido a la falta de preocupación a la hora de anticipar y evitar esos impactos, a la mala calidad y la incertidumbre de los pronósticos, a la dificultad de hacer frente a todos los impactos, y a la aplicación incompleta y el éxito parcial de medidas de mitigación” (2)



    Resultaría ocioso agregar cualquier tipo de consideración luego de argumentos tan contundentes...
    Sólo, quizás,  saber que la construcción de la represa El Portón aún no ha comenzado gracias al accionar de organismos y agrupaciones que luchan y trabajan para este fin...
    Y que, tal vez,  sea hora de comprender profundamente cuáles son los riesgos reales que se corren ante decisiones que se toman más allá de nuestro conocimiento, y qué conductas estamos dispuestos a seguir desde nuestro lugar de ciudadanos y habitantes de este planeta, para seguir sumando esfuerzos que devengan en resultados que nos beneficien a todos...

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    Documentos completos: 
    (1)  Documento proporcionado por www.bolsonweb.com
    (2) Documento completo de la WDC






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    EL CONFLICTO DEL AYUÍ GRANDE

    Lun, 10/10/2011 - 18:10






    Conocer nuestros conflictos, nos permite decidir nuestras acciones...







    En el último mes de Septiembre el bloqueo que dispuso el Gobierno Nacional al proyecto de la Represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes comenzó a causar nuevas polémicas.Este proyecto, que tiene como finalidad la creación de un terreno apto para la producción de arroz y soja, a través de la construcción de una represa ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande permitiendo la conformación de un lago que inundaría la zona en unas 7.900 hectáreas, tiene su origen en el año 2008. Y desde ese momento se ha convertido en una verdadera cuestión de Estado, aunque no haya tenido una adecuada difusión para el conocimiento del público en general.
    El proyecto se llevaría a cabo a través de una UTE conformada por Copra SA (cuyo titular es José Aranda, Vicepresidente del Grupo Clarín), Pilagá SRL (Adecoagro: propiedad del multimillonario griego George Soros), Tupantuva SA, Santa Clara y Yuquerí SA y EA Ñú Verá. Los objetivos a los que aspiraría esta iniciativa, es el aprovechamiento de suelos productivos, localizados en el departamento correntino de Mercedes, para generar alrededor de 450 empleos directos y 1200 indirectos en el cultivo, procesamiento y comercialización de los productos. Y para su posible realización había sido necesaria la sanción de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes (Nº 5974/2010) que dice fundamentarse en la ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos (Nº 26.331/2007)
    Ahora bien... ¿Es esto realmente así? ¿Cuál es el conflicto que determina el bloqueo, y cuáles las razones que se esgrimen por ambas partes para determinar posiciones?...
    Como siempre, y sólo para intentar entender, deberemos de ir por partes...
    http://robertofr946.files.wordpress.com Las 77.000 hectáreas sobre las que se asentaría este Proyecto, tienen su columna principal en el arroyo Ayuí Grande y en los bosques ribereños que cumplen con la función de humedales protectores de cabeceras de cuencas hidrográficas y que, según la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, estarían claramente definidos dentro de la Categoría I (Rojo). Es decir, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Es claro que, de construirse la represa para la formación de un lago de 7.900 hectáreas, estos bosques no sólo se transformarían, sino que quedarían en gran parte, directamente sumergidos bajo el agua.Por otro lado, tal proyecto también representaría un grave problema para los productores río abajo que, literalmente, podrían quedarse sin agua.Y finalmente, el Arroyo Ayuí desemboca directamente en el Río Miriñay, uno de los principales afluentes del Río Uruguay y cualquier obra sobre aguas de río que pueda afectar la calidad de las mismas debe ser informada y aceptada por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

    Entonces... ¿Cómo es posible que la Ley Provincial, en su reordenamiento, no haya reparado en semejante impacto?... O lo que sería peor... ¿Lo haya pasado por alto?...
    La Fundación Esteros del Ibera (creada hace 14 años en la ciudad de Mercedes con el único objetivo de protección de esta zona) nos daría algunas respuestas...Y de nuevo, habría que comenzar por el principio...
    En septiembre de 2008 se presenta el proyecto de construcción de la represa del Ayui Grande. Pero al no existir una reglamentación provincial que se subordinara a la Ley Nacional de protección, debía esperar el marco legal para su realización.Y se comienza a trabajar en ello.Desde el momento en que se propone la realización de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, la Fundación Esteros del Iberá, hizo lo posible por contribuir a la construcción del plan elaborando un petitorio firmado por 23 organizaciones (INTA, el IBONE, el CECOAL y la UNNE (1), entre otras), y absolutamente respetuoso de la norma nacional de presupuestos mínimos sobre la protección de los bosques. De ahí en adelante, se presentó en todas las audiencias públicas que se han realizado sobre el tema. Paralelamente, y en estrecha relación con los implicancias inter jurisdiccionales que podía acarrear la construcción de la obra, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, solicitaba al gobierno provincial, información detallada del proyecto sin obtener respuestas satisfactorias.Pero en el año 2009, Arturo Colombi quien era por aquel entonces Gobernador de la Provincia de Corrientes, a través del Decreto 1439/09 determinó el ordenamiento de bosques nativos. Un decreto que, al parecer, contemplaba más las necesidades de las empresas constructoras que las de conservación ambiental de la provincia y sus recursos y que se pergeñaba para “que esa zona quedara pintada de verde” con la ayuda de “las oficinas de recursos forestales, que se encargaron sospechosamente de conformarlas, desatendiendo los criterios científicos de técnicos y académicos”, tal como lo expresó el presidente de la Fundación, Enrique Lacour. Pero la Justicia Correntina en un doble fallo, y a expensas del laborioso accionar de las organizaciones ambientalistas, lo declaró inconstitucional teniendo en cuenta que no respondía al estado de derecho, no había sido construido con la participación de los actores interesados y carecía de los fundamentos técnicos adecuados indicados por los integrantes de las prestigiosas instituciones convocadas en su confección.Al parecer, las cosas parecían tomar el rumbo correspondiente.



    Sin embargo en 2010, las cámaras correntinas aprobaron la Ley Provincial para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes (Nº 5974/2010), que contenía no sólo los mismos defectos técnicos del anulado decreto, sino que además validaba los procedimientos administrativos operados durante su  breve ejecución, entendiéndose con esto, la aprobación de la Represa del Ayuí Grande.Por esta razón, y en agosto del mismo año, la Fundación Esteros del Iberá, ingresó un Recurso de Amparo mediante el cual se solicita la declaración de inconstitucionalidad de tal Ley Provincial, en el Juzgado a cargo del Dr. Gustavo René Bufill de la ciudad de Mercedes.De ahí en más, la Fundación se abocó a tratar de difundir la situación para que se tome conciencia de que no existe una oposición al crecimiento agropecuario de la región, tal como quiere mostrarse su accionar por parte de algunos sectores interesados en la concreción del Proyecto del Ayuí Grande. Todo lo contrario.
    Su interés fundamental es el de dejar en claro que nada puede construirse a partir de la destrucción del medio ambiente en forma irreversible. Y que sólo se puede crecer como país y como territorio, si se realizan proyectos que contemplen de forma políticamente madura y soberana, el accionar y sus impactos.Y a través de su trabajo, consiguió que agrupaciones tales como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger y Aves Argentinas, se unieran en la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 5974.
    Y del Gobierno Nacional. Tal como figura en la causa “Estado Nacional c/ Corrientes, Provincia de s/ amparo”, en la cual la Corte Suprema de Justicia, el 14 de Septiembre de 2010, se declaró competente en la causa iniciada por el Estado Nacional contra la Provincia de Corrientes, a fin de que haga entrega de todos los antecedentes e informes. Incluyendo además, los estudios de impacto ambiental que llegara a producir la construcción de la represa. Esto es a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad y verificar eventuales incumplimientos del Estatuto del Río Uruguay que podría implicar.Además, la Corte dispuso hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia, entregar a las autoridades nacionales la documentación presentada por la Provincia de Corrientes para que en el plazo 90 días corridos, valore si las obras concernientes al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encontrarían alcanzadas por las previsiones del Estatuto del Río Uruguay. De esta forma, se suspendían las obras proyectadas por dicho plazo.
    Y en estas constantes idas y vueltas de apelaciones y recursos, llegamos al principio de este artículo...

    El 24 de agosto de 2011, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció, en la Resolución 1238/2011, que el Proyecto Productivo Ayuí Grande resulta INCOMPATIBLE con el régimen legal vigente en la República Argentina.Tal incompatibilidad se determina luego de considerar las obligaciones argentinas en el ámbito del Tratado del Río Uruguay, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la Ley Nacional de Conservación de los Bosques Nativos (Ley 26.331). Y expresa, taxativamente, que dicho proyecto excede el territorio provincial y avanza sobre jurisdicciones de otra competencia, a través del eje fluvial Ayuí-Miriñay-Uruguay. También hace referencia directa a errores y omisiones severas en la Evaluación de Impacto Ambiental y, con especial énfasis, cuestiona la propia Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes, al señalar que: “Resulta evidente que la Ley Provincial de Corrientes Nº 5974 del 2010 no se ajusta a la Ley Nº 26.331, en virtud de haber clasificado en la Categoría III (verde), de manera uniforme y desmontable, el 94% de los Bosques Nativos contenidos en la Región del Espinal”.
    Pero esta Resolución trajo como contrapartida, la respuesta inmediata de quienes promueven el Proyecto."La decisión de prohibir la construcción de la represa por parte del Gobierno nacional en territorio correntino atenta contra la autonomía de las provincias", declaró en septiembre el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, agregando que “la Secretaría de Medio Ambiente es incompetente para emitir esta prohibición dado que la legislación argentina establece que son las jurisdicciones las encargadas de elaborar los estudios de impacto ambiental”Juan José Mussi, Secretario de Medio Ambiente, no tardó en contestar advirtiendo que el Proyecto no se llevará a cabo bajo ningún punto de vista, ya que "La obra resulta incompatible con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otros acuerdos y normas internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente"De tal modo, tales controversias han llevado a que el gobierno de la provincia de Corrientes, evalúe la posibilidad de llevar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia...

    Y aquí estamos ahora...
    En una situación en la que, más allá de las coyunturas políticas/empresariales y de los obvias interpretaciones sobre enfrentamientos existentes entre el Gobierno Nacional y quienes dirigen las empresas propulsoras del proyecto, hay una realidad que no puede soslayarse. La de los derechos y obligaciones que todos los ciudadanos argentinos tenemos sobre nuestro patrimonio y soberanía...Y sobre el cual no hay más discusión posible, que la de asegurar que existan y que se cumplan...
    El camino en los temas de preservación de medio ambiente es arduo y largo...Pero lo único que debemos tener, si queremos lograr los objetivos que creemos fundamentales, es el coraje para conocerlo y la voluntad para transitarlo...

    (1) INTA : Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria     IBONE :  Instituto de Botánica del Nordeste.      CECOAL : Centro de Ecología Aplicada del Litoral     UNNE : Universidad Nacional del Nordeste
          


    Fuentes:http://www.losquesevan.com/corrientes-y-el-caso-ayui-miente-miente....que-algo-quedara.1018chttp://www.fundacionibera.com.ar/es/http://www.treslineas.com.arhttp://ennombredelayui.blogspot.com/


    ACUÍFERO GUARANÍ: Un Lugar en el Mundo

    Lun, 09/26/2011 - 20:55



    En el año 2009, el aquel entonces Director General de la UNESCO, Kotchiro Matsuura, expresó que “de todas las crisis sociales y naturales que debemos afrontar los seres humanos, la de los recursos hídricos es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y a la del planeta”.
    Y es evidente que es así. Pero también es cierto que, más allá de la enunciación de una realidad, sería fundamental poder comprender hasta qué punto la crisis de la que se habla, se intrinca y se oscurece cuando nos adentramos en sus profundidades. Y mucho más cuando atañe directamente a nuestro país.La Argentina posee importantísimos recursos hídricos, que la convierten en un sector altamente codiciado tanto para su estudio como para su explotación.Y a modo de ejemplo tan sólo, los 225.000 km2 del Acuífero Transfronterizo Guaraní que le corresponden a nuestro país, es uno de ellos.

    ¿Y de qué forma?...

    Vayamos por partes: Un acuífero es una formación geológica en la que se acumula agua proveniente de la superficie o de la condensación del vapor de agua interior, en un perfecto equilibrio ecológico con el medio ambiente presente en la superficie.
    En muchos casos la calidad de estas aguas suele permitir el consumo directo para el abastecimiento humano, pero entre otros usos, además, se pueden enumerar los siguientes:

    Mantenimiento de cursos estables en aguas superficiales, absorción de exceso de agua en lluvias intensas evitando inun-daciones, alimentación de esteros y otros humedales e, incluso, acumulación estratégica de agua para épocas de escasez de lluvias.

    Por todas estas razones, el Acuífero Guaraní es considerado una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Con un volumen que ronda entre los 40.000 y 50.000 km3 (que representaría la magnitud de un tanque de unos 200 km de diámetro en su base por una altura de, aproximadamente, otros 200 km) sería capaz de abastecer durante 200 años a los 6.000 millones de habitantes del planeta a razón de 100 litros por dia por persona.Así expuesto, y sin demasiado análisis, esto pareciera ser una razón más que suficiente para despertar un interés superlativo en muchos de los sectores geopolíticos más poderosos e importantes. Con lo cual sería interesante internarnos un poco más.

    Hay estudios que indican que para el 2025 se espera que la demanda de agua sea un 56% superior al suministro, con lo cual no sería descabellado pensar que quienes posean agua, podrían ser blancos de un saqueo forzado.
    Existen, además, estadísticas que confirman que 3.000.000 de personas mueren, al año de sed o por la ingestión de aguas insalubres porque sólo un tercio de la población mundial tiene acceso al agua potable.
    Por otro lado el 97,5% del agua disponible del planeta es salada y del 2.5% dulce restante y que se encuentra en proceso de pérdida, se distribuye en un 70% para riego agrícola, un 10% para usos industriales, domésticos y de entretenimiento, y el 20% para producción eléctrica.

    ¿Entonces?... Con estos datos, las características del Acuífero Guaraní toman una dimensión casi protagónica, y resulta necesario conocer un poco más aún.
    Así que… hagamos historia…


    http://www.gecnet.info/index.cfm?&menuid=10 Entre los años 1994 y 2000, los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que comparten el acuífero, presentaron diversos proyectos de estudio a sus respectivos gobiernos, sin encontrar apoyo político ni financiero por parte de  ninguno.

    Pero en el año 2000, aparecieron en escena el Banco Mundial y el Global Environment Facilities (GEF - Fondo para el Medio Ambiente Mundial,  organismo independiente que reúne a 182 gobiernos miembros, en asociación con instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado y que apoya y financia proyectos medioambientales en países en desarrollo)

    Y fue en agosto de 2002 que se firmó, para los siguientes 4 años, un acuerdo entre los gobiernos creando el Proyecto para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, con el GEF como principal financista, al Banco Mundial como Agencia de Implementación y a la Secretaría General de la OEA como agencia ejecutora internacional del Proyecto.  La función de esta última era la de realizar las contrataciones previstas, de acuerdo con la normas y procedimientos del Banco Mundial y a sus propias regulaciones administrativas.
    En sus aspectos básicos este Proyecto tuvo como objetivos:

    • La expansión y consolidación de los conocimientos científicos del acuífero; 
    • El desarrollo e implementación conjunta de un marco de Gestión; 
    • El fortalecimiento de la participación pública, comunicación social y educación ambiental; 
    • La evaluación, seguimiento y diseminación de los resultados del proyecto; 
    • El desarrollo del adecuado manejo del acuífero y medidas de mitigación en áreas críticas identificadas; 
    • El análisis del potencial geotérmico del acuífero  
    • La Coordinación y gestión para la ejecución del Proyecto.

    Esto, que en sus fundamentos era lo esperado y en su concreción es lo esperable, tendría algunas aristas que vuelven a resultar interesantes de analizar con las características del agua como recurso indispensable.

    Y el punto a tener en cuenta es que algunos de los países desarrollados, necesitan de un control de los recursos naturales para continuar con sus procesos de expansión y de afianzamiento del dominio económico mundial. Si ya se ha experimentado con el petróleo, ¿por qué no habría de suceder con el agua?

    Visto así, la financiación, implementación y ejecución de proyectos a través de estos Organismos Internacionales ofrecen, como aspecto positivo, la posibilidad de cierta viabilidad de realización pero, en el otro extremo del espectro, dichos organismos y los sectores políticos y económicos que representan poseen un acceso ilimitado a información estratégica sobre el recurso y a una herramienta imprescindible para la orientación de inversiones beneficiosas y rentables.
    Por esta razón, muchos legisladores, científicos y ambientalistas pusieron la mira en la metodología de ejecución del proyecto y comenzaron a hacer oír sus voces, intentando la movilización de políticos y ciudadanía.

    Mientras tanto, luego de comenzado el proyecto y llevándose a cabo las experiencias piloto de estudio y perforación, en diciembre de 2005 durante la XXIX Cumbre Presidencial en Montevideo, los Presidentes de los países del Mercosur anunciaron haber tomado “nota del estado de las negociaciones del proyecto de Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní” cuyos principios y criterios garantizaban una soberanía permanente e incuestionable de los cuatro Estados sobre el recurso transfronterizo. Así como de la necesidad fundamental de seguir ampliando los conocimientos técnicos y científicos sobre el lugar y sus características.

    Pero lo que también se seguía poniendo de manifiesto, era que el Acuerdo  se estaba desarrollando por fuera del proceso de integración regional y que el accionar se limitaba al aspecto político meramente declarativo, pero no a trabajos sobre hechos concretos que garantizaran que el Acuífero se gestionara de un modo racional, equitativo y sostenible tal como lo propone el propio acuerdo.

    Resultaba imperiosa entonces, y tal como lo había sido desde un principio, la creación de normas merco sureñas propias que establecieran reglas del juego claras respecto a la explotación sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. Y una legislación que contemplara, además y fundamentalmente, la legitimación para las generaciones futuras y la participación ciudadana en la preservación y el mantenimiento del recurso.

    Esto pareció llegar con la resolución sobre la Ley de Acuíferos Transfronterizos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas sesión Plenaria del 11 de Diciembre de 2008 que recomendaba a los Estados interesados “concertar los correspondientes arreglos  bilaterales y regionales para la adecuada gestión de sus acuíferos transfronterizos “.
    Y que, asimismo,  establecía los principios fundamentales para promover la cooperación entre Estados para prevenir, reducir y controlar la polución de los acuíferos compartidos.
    http://ventanaverdeuruguay.blogspot.com/2010/08/el-mecosur-firmo-un-acuerdo-parra.html Finalmente, esto llevó a que en nuestro país el 2 de Agosto de 2010 en la provincia de San Juan, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay  firmaran un acuerdo que estableció que cada parte, en conformidad con las normas de derecho internacional, ejercerá el dominio  territorial soberano sobre sus respectivas porciones del Sistema Acuífero Guaraní, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, promoviendo que la forma, la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable del recurso con la obligación de no causar perjuicio sobre las demás partes, reafirmen el derecho soberano que cada Estado tiene sobre sus aguas subterráneas y superficiales.

    Y aquí estamos…

    El camino recorrido ha sido largo, arduo y complicado. Y aún no termina. Queda más que claro que la importancia del Acuífero Guaraní radica en sus características de inigualable recurso hídrico y que las connotaciones que rodean y se insertan en su estudio son tan complejas como él mismo.Es por eso que para la región y, fundamentalmente, para nuestro país, es necesario que cada acuerdo y resolución se hagan efectivos en forma eficaz y eficiente de forma que la verdadera Soberanía sobre tierras y recursos sean una realidad concreta y no simples intenciones declarativas. Y la primera herramienta que tenemos como ciudadanos para exigir la protección de nuestro patrimonio es el conocimiento sobre estas realidades…Porque para que nuestros derechos se cumplan teniendo en claro cuáles son nuestras obligaciones, debemos ser conscientes de lo que pasa y cómo nos pasa…


    LEY DE TIERRAS

    Lun, 07/04/2011 - 16:43
    Cuando se habla de Soberanía Nacional es inevitable pensar en la propiedad de las tierras y en lo que ocurre en nuestro país teniendo en cuenta su extensión y su escasa densidad demográfica…
    Y también parece necesario
    hacer una rápida revisión de la realidad,
    para comprender qué es lo que pasa concretamente en este tema…

    Existe en Argentina una única ley vigente que protege las áreas de frontera y zonas claves de la seguridad nacional  y que es la “Ley de Zonas de Seguridad” promulgada en el año 1944. Desde aquel entonces hasta ahora no han existido nuevas normativas que regulen y salvaguarden nuestros derechos sobre el territorio nacional. Y lo que es peor, tampoco se ha respetado esa única ley…

    Según la Federación Agraria Argentina (FAA), existe en este momento alrededor de un 10% del territorio nacional en manos privadas extranjeras.  
    Empresas y/o particulares han ido adquiriendo grandes cantidades de hectáreas, especialmente desde la década del 90, con amplias ventajas y condiciones favorables y que incluyen importantes recursos hídricos naturales.
    FUENTE: Sec.de Seguridad Interior-Federación Agraria Argentina-Sec.de Minería-Sec. de Recursos Naturales 
    La realidad de hoy nos muestra una  situación muy complicada, fundamentalmente en la zona patagónica y las áreas relacionadas con el Acuífero Guaraní, ya que allí se concentra  la mayor cantidad de millonarios extranjeros que han sido beneficiados con actitudes flexibles de distintos gobiernos ––tanto nacionales como provinciales–– para que adquieran millones de hectáreas y recursos naturales no renovables, sin restricciones y a precios módicos (según el diputado Pablo Orsolini de la UCR: “ los precios de la tierra en Argentina no superan los 20.000 dólares la hectárea en la mejor zona , mientras en la India, por ejemplo, el valor es de 200.000 euros la hectárea” ).Esta situación, aún sucintamente esbozada, sería suficiente para entender que es imperiosa la necesidad de una reglamentación que no siga socavando nuestros derechos ciudadanos propietarios…





    Y tal vez,  esta protección pueda llegar de la mano del proyecto, elevado el 27 de abril, sobre una  nueva LEY DE TIERRAS que limita la venta de las mismas a manos extranjeras.



    Más allá de las connotaciones coyunturales que disparen opiniones encontradas, sería interesante analizar cuáles son los puntos principales de este nuevo proyecto.

    En primer lugar, se puso un plazo de 180 días desde la sanción de la ley, para generar un catastro único que registre exactamente las hectáreas de tierra en manos extranjeras.Para poder hacer un planteo serio de la situación y una composición responsable de los pasos a seguir, es fundamental conocer dónde estamos parados.  Desde qué lugar partimos. Ya que  el proyecto tiene en claro que los derechos adquiridos por los propietarios extranjeros deben ser respetados y que lo importante es determinar qué se hará de aquí en más.Los aspectos más relevantes  que esperan ser debatidos y enriquecidos en el Congreso con el aporte de las distintas perspectivas de los que están directamente involucrados en la problemática, son: 



    • Un  máximo del 20% de las tierras rurales del territorio Nacional en manos extranjeras; 
    • Un tope de adquisición de 1000 hectáreas para el que podría haber excepciones (que resultaría preciso aclarar);  
    • Una priorización de la inversión nacional por sobre la extranjera dado que la intención no es la del dominio estatal sino la del dominio nacional.


    Desde el comienzo de su tratamiento en la Cámara Baja, y por tratarse de una iniciativa estratégica del Poder Ejecutivo, esta ley fue sometida a ciertas resistencias y cuestionamientos. Y más allá de que intentará conservar el espíritu con el que se diseñó (considerar a la tierra como un recurso natural no renovable), se han bosquejado algunos cambios a la propuesta original.La inclusión de una protección más estricta de bosques, lagos, ríos y patrimonios culturales, la extensión hacia las provincias, municipios y departamentos del 20 % estipulado originalmente para las tierras rurales, y la limitación de compras por parte de los Estados extranjeros que actúen como personas jurídica explicitando que se evitarán restricciones a aquellos con una permanencia superior a los 10 años en nuestro país, son algunos de estos cambios.



    Sabemos que el debate y la posible promulgación de una ley no aseguran nada. Y mucho más si se tiene en cuenta que, tanto la existente desde 1944 como algunas normativas del código civil argentino que establecen reglas claras para “los propietarios limítrofes con los ríos o canales que sirven a la comunicación por aguas”, no han sido cumplidas ni obligadas a cumplir…
    Pero también sabemos que los caminos deben recorrerse, de una vez por todas, en forma conjunta. Una ley clara y consensuada a favor de nuestro interés común y nacional, y un contralor eficaz y responsable en defensa de estos derechos, son los desafíos…


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    Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?...

    Lun, 07/04/2011 - 16:10
    No son ninguna novedad los niveles de contaminación ambiental que existen en nuestro país,en todos los órdenes. Como tampoco lo son los lugares específicos y las personas que lo padecen.
    Pero lo que además se sabe  es que, más allá de campañas de concientización y alguna que otra acción aislada relevante,  pareciera no hacerse evidente alguna estructura sistematizada o programa organizado de mediano y corto plazo para solucionar estos problemas.Repetir que hay sectores de nuestra población altamente expuestos a una contaminación diaria y progresiva resulta innecesario. Y aclarar que, dentro de ellos, hay grupos aún más vulnerables como lo son los niños y adolescentes que experimentan en su realidad cotidiana el deterioro injustificado y abusivo de su salud, es además absolutamente ocioso.Porque independientemente de la enumeración de los factores responsables de este deterioro y la simple enunciación de los riesgos, se hace imperiosa una conciencia cabal de los problemas reales y concretos.  Vaya, entonces, una pequeña muestra de lo que estamos hablando…


    Cocinera del barrio Nicole - nuestromar.org Existe en el partido de La Matanza, ubicado en el margen del arroyo Morales de la cuenca del río Matanza,  un barrio conocido como “NICOLE”, que debe su nombre afrancesado a una realidad que poco tiene que ver con el glamour y la tilinguería.Nicole es la simple abreviatura de “NI colegio, ni colectivo” porque,  aunque en la actualidad exista una escuela, este lugar ubicado en el km 35 de la ruta 3, a la altura de Virrey del Pino acumula carencias que se acrecientan día a día sin luces esperanzadoras en el horizonte.  Con una población que crece incesantemente desde el 2008, enfermedades como el  lupus, púrpura, leucemia, distrofia muscular, citomegalovirus, síndrome de Wolff y retrasos madurativos, llenan el hospital interzonal ubicado en el km 32 de la misma ruta. Todas ellas productos o consecuencias de la profunda contaminación del suelo, el agua y el aire del lugar. Los informes oficiales dan cuenta de que  el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesto, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país. Y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
    Pero de cualquier modo, esto sigue siendo una simple enumeración…una nueva enunciación de los hechos…  Porque éste no es un caso aislado. No representa sólo un porcentaje menor y desahuciado de la población…“Nicole” es uno de los cientos de asentamientos y poblaciones emplazadas a lo largo de toda la cuenca  Matanza-Riachuelo, y existen miles  en toda la extensión de nuestro país.  Y es por esa razón que, en este simple artículo, este caso se convierte en emblemático…¿Entonces?...La solución a esta inadmisible realidad crítica parece vivir proyectándose. Programas que diseñan acuerdos y reparaciones y presupuestos millonarios que se calculan “in eternum” son muestras de que el pragmatismo brillaría por su ausencia.
    Y si tenemos en cuenta que existen entes específicos encargados de controlar las acciones que se prometen, y comisiones encargadas de hacerlos efectivos, uno se pregunta más de una vez… ¿Por qué estamos cómo estamos?... aguasustentable.blogspot.com
    La respuesta no parece simple. La situación es mucho más compleja de lo que se vislumbra en superficie. Y la realidad nos lleva a bucear un poco más para, paradójicamente, esclarecer el panorama…
    En noviembre de 2006 por la Ley Nacional N° 26.168 se crea ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) que es un  organismo interjurisdiccional de derecho público y al que han adherido las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Su función es la de velar por el cumplimiento del plan de saneamiento de dicha cuenca y su objetivo global pareciera ser mejorar la calidad de vida de las más de 5 millones de personas que habitan este conflictivo sector.  Este organismo, que a partir del segundo trimestre de 2010 ha comenzado a trabajar con un nivel de autonomía funcional y autarquía financiera que intenta optimizar su nivel de gestión, fue quien envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que, según el informe oficial, contaría para el saneamiento hasta el año 2024: 23.801 millones de pesos. En este mismo informe aseguraba que se invirtieron 3114 millones entre 2006 y 2009 y que, para el año 2010 se preveía destinar 4427 millones. Pero en el comienzo de 2011 el Secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi, advirtió que, más allá de lo hecho hasta ahora,  las obras proyectadas llevarán, por lo menos, unos seis años más. De esta forma y en estrecha relación con la “Causa MENDOZA” la marcha del plan de saneamiento del Riachuelo fue puesta a consideración de la Corte Suprema en una audiencia pública que comenzó en Marzo  y continuó a partir del  1º de junio del presente año. El objetivo fundamental de esta audiencia apunta a que los responsables de llevar a cabo el plan expliquen y respondan en forma detallada todo lo que requiera el tribunal, y para ello han sido convocados representantes de los gobiernos de la Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma así como también  la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).Llegados a este punto, se hace evidente percibir  que la realidad es por demás acuciante para quienes esperan y desesperan, pero también harto compleja…
    Por el momento, el “futuro promisorio” parece correrse un poco más allá aunque con cierta sensación de movilización… de exigencia de respuestas y resultados…Entonces…  ¿Habrá que confiar que soplen nuevos vientos?... Esperemos que así sea…


    Instituto Chileno de Permacultura