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    Actualizado: hace 1 hora 28 mins

    Organizaciones advierten sobrecarga de proyectos hidroeléctricos en región del Biobío

    Mar, 09/03/2013 - 11:20

    Fuente: Radio U. de Chile

    Mientras se procede al llenado de la que será la tercera central hidroeléctrica en funcionamiento en la región del Biobío, se realiza el estudio de impacto ambientalede un cuarto megaproyecto energético. Ante esta realidad, los vecinos se organizan para solicitar la regulación y detención de estas represas.

    Preocupados están los habitantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, por los efectos que las represas tengan sobre la región.

    En una asamblea ciudadana se reunieron las asociaciones de la sociedad civil y representantes de la zona, para analizar los problemas que hoy enfrentan ante las instalaciones hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de los poblados más habitados en la parte alta de la ribera del río Biobío.

    En la actualidad son dos los embalses (Pangue – Ralco) que funcionan, un tercero (Angostura) que estaría a meses de entrar en operación, mientras otro (Remanso) estaría en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se descarta un quinto, por lo que en la región podrían quedar ubicados hasta cinco mega proyectos hidroeléctricos.

    Las organizaciones plantean la inequidad en el sistema tarifario de la energía domiciliaria, la que denuncian es más cara que en zonas del norte del país. Argumentan que en la zona se producen mil 157 MW entre Pangue y Ralco lo que en los próximos días aumentará a mil 473 MW con la entrada en operación de Angostura, además de los problemas de seguridad de la zona.

    Freddy Pérez, vocero de la organización Aguas Libres y representante ambientalista de las comunas afectadas por la política energética, insistió en el temor de los ciudadanos que viven entre grandes centrales mal construidas: “Estamos generando una propuesta que tiene que ver con el riesgo que significa vivir aguas abajo de estas centrales, con la pérdida de espacios naturales y el daño sicológico que significa vivir acá. Esperamos presentar estas propuestas en los próximos días”.

    Si bien los vecinos son enfáticos en señalar que quieren regular las centrales existentes y detener los nuevos proyectos de este tipo, desde el municipio de Santa Bárbara insisten en que no se está en contra del desarrollo de las centrales, sino más bien se exigen mayores estándares de calificación.

    Así lo señaló Viviana Pulgar, encargada de medio ambiente del municipio, quien indicó que “no queremos detener los proyectos, es parte del desarrollo económico no sólo de las comunas afectadas sino también del país. Queremos que se regule, y lo que más nos afecta son los temas económicos como la tarifa eléctrica y la inexistencia de un plan de evacuación en caso de que alguna de las centrales hidroeléctricas que están en el río Biobío colapsen”.

    El secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, puso en antecedente los problemas de seguridad que ya han afectado a la zona por el desborde de centrales, además criticó la política energética a nivel país, donde se hace necesario un ordenamiento territorial en el marco de las políticas sectoriales.

    “Es muy difícil para la gente del Biobío vivir con esas amenazas. Recordemos que en 2007 o 2008 hubo muertes al abrir las compuertas de los embalses. Se hacen las cosas mal, y se paga un costo muy alto para los habitantes, en beneficio del lucro del monopolio eléctrico para que entregue energía a la minería. Faltan acuerdos sociales y políticos para que los proyectos tengan consenso, y que se tomen los resguardos para evitar esos impactos ambientales y sociales”, indicó el dirigente.

    En cuanto a los proyectos, los ciudadanos de la región del Biobío, vecinos de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, no descartan presentar un recurso de protección por la nula existencia de planes de evacuación y de emergencia en la zona.

    Fuente: Radio U. de Chile, publicado 2 de septiembre 2013, enlace a fuente de la noticia

    Dirigentes de Caimanes llevarán caso de tranque ante la Corte Suprema

    Lun, 09/02/2013 - 09:53

     

    Fuente: Radio U. de Chile

    La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó la petición de un grupo de abogados y representantes de la comunidad de demoler el tranque de relaves El Mauro, perteneciente a minera Los Pelambres. Esto afirmando que la acción fue presentada fuera de plazo, lo que para los dirigentes responde a un intento de eludir un pronunciamiento en un emblemático caso.

    La resolución se enmarca en el llamado juicio por obra nueva, donde la Corte rechazó el planteamiento de los demandantes, el reconocido dirigente Cristián Flores, junto a Alfredo Gallardo y Marco Antonio Campos, quienes fueron representados por la abogada Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y Ramón Oses.

    Si bien Minera Los Pelambres indicó que el fallo reafirma la posición de la compañía en cuanto a que El Mauro cumple con las exigencias en materia de seguridad y los derechos de terceros, en su lectura se puede apreciar que la acción es rechazada por estar fuera de plazo, es decir, fue presentada cuando el tranque ya estaba terminado.

    El abogado, Ramón Oses indicó que,  bajo este concepto el tribunal evitó referirse al tema de fondo, que apunta a la protección de los derechos de las comunidades aledañas.

    En este sentido, el abogado de los dirigentes de la comunidad señaló que “el factor más relevante, básicamente es que la construcción de este tranque de relave ha provocado la pérdida total de las aguas de Caimanes, y por otra parte el tranque al contener líquidos contaminantes ha filtrado las napas subterráneas las que abastecen la escasa agua que poseen los pozos de Caimanes que hoy están contaminadas. Respecto de esto, han habido informes técnicos e informes policiales que así lo han determinado”.

    Ante esto, los dirigentes de la localidad de Caimanes afirmaron que los tribunales no consideraron que aquí hay un problema de interpretación sobre cuándo se comienza a contar el plazo y que la Corte Suprema tendría otra mirada, por lo que indicaron que llevarán el recurso al máximo tribunal.

    Por esto, el dirigente comunero Cristián Flores precisó que “este tema lo va a tener que definir derechamente la Corte Suprema. Yo creo que la última palabra no está dicha, nosotros creemos que este fallo lo vamos a volver a dar vuelta en la Corte Suprema, y quien va a tener que pronunciarse sobre el fondo de este fallo va a ser el máximo tribunal y tenemos toda la esperanza de que este fallo lo vamos a dar vuelta, dado que y en todos los casos no es la madre de las batallas”.

    Flores indicó que este no es el único recurso que tienen contra la minera. También hay un proceso por obra ruinosa. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la Corte de Apelaciones de la Serena falla a favor de la empresa del grupo Luksic. Alfonso Ossandón, de la Red Ambiental Norte (RAN), indicó que en varias oportunidades se ha constatado una relación entre los empresarios y el Poder Judicial.

    En esa línea, el líder ambientalista dijo que “históricamente acá, el Poder Judicial siempre se ha visto permeado por los intereses de los grandes poderes, especialmente mineros. Un caso patente es el caso de haber acusado a los abogados y a los dirigentes de la comunidad haber hecho eco de una calumnia, de una demanda que no tuvo ninguna base y que mantuvo en el vilo a toda una comunidad y que finalmente terminó en cero, que era criminalizar la protesta que tenía el pueblo de Caimanes.

    El ecologista afirmó que en este contexto de judicialización de los proyectos, los juicios tienden a extenderse y refutarse, lo que se debe a la falta de respuesta de la Justicia. En este tiempo, mucho se ha criticado esta llamada judicialización. El ministerio de Energía anunció que presentará al Presidente Piñera un proyecto que busca detallar los mecanismos compensación para las comunidades afectadas para destrabar las inversiones en generación.

    Esto también podría actuar como una “guía” para el Poder Judicial, si debiera resolver estos casos en tribunales, sentando jurisprudencia, lo que podría reducir la llegada de causas ambientales a las Cortes. Sin embargo, la medida ya ha sido fuertemente criticada, tanto por ambientalistas, como por dirigentes de comunidades en conflicto.

    Fuente: Radio U. de Chile, publicado 30 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Científicos tenían razón: Chile registró la menor cantidad de peces en su historia

    Lun, 09/02/2013 - 09:35

    Foto: viarural.cl

    Consejo Nacional de Pesca no escuchó las advertencias de los investigadores y en 15 años, de pescar 6 millones de toneladas, la cifra disminuyó a dos toneladas y media.

    Hasta ahora los grandes pescadores industriales, los pescadores artesanales y el Gobierno, que conformaban el Consejo Nacional de Pesca, eran los encargados de establecer la cantidad de peces que podían capturarse para que este recurso no se agotara.

    Sin embargo, la sobreexplotación y factores ambientales negativos hicieron que los peces escasearan y que en 15 años, de pescar 6 millones de toneladas, la cifra disminuyera a dos toneladas y media, de acuerdo a La Segunda.

    Según el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, la crisis comenzó en el 2010 y “hoy tocamos fondo”. Mientras que las ONGs Greenpeace y Océana afirman que sí hubo factores ambientales que influyeron en el problema, también los industriales tienen responsabilidades, al pescar ejemplares juveniles que aún no han alcanzado la madurez sexual para reproducirse.

    Debido a esto, desde diciembre de este año los científicos se harán cargo de determinar la cuota de pesca, a través de 11 comités que intentarán revertir esta situación, la que debiese mejorar en un plazo de diez años.

    Fuente: El Dínamo, publicado 1 septiembre 2013, enlace a fuente de la noticia

    Valparaíso: Greenpeace enfrenta al segundo mayor Super arrastrero del mundo

    Lun, 09/02/2013 - 09:17

    Foto: greenpeace.org

    “Resulta indignante que el Estado chileno subsidie estos barcos que arrasan con los recursos marinos, permitiendo su ingreso en aguas territoriales para abastecerse. Los pescadores chilenos han hecho muchos esfuerzos para recuperar el Jurel”, dijo el coordinador de Campañas de la organización, Samuel Leiva.

    Con el mensaje “Fuera Súper arrastrero” esta mañana activistas de Greenpeace se enfrentaron en Valparaíso al gigante pesquero Margiris, embarcación que cuenta con una capacidad de pesca de 9.500 TRG, 14 veces más que la media de los pesqueros que tiene Chile.

    La embarcación que pesca jurel, hoy cuenta con plena autorización de nuestro país para entrar y abastecerse, condición que hasta este año se realizaba en puertos peruanos y que según la organización ambientalista ha posibilitado que haya “diezmado la población de jurel del Pacífico Sur”.

    Tres botes zodiac con activistas de Greenpeace salieron desde Caleta Portales hasta el encuentro del Súper arrastrero, momento en que desplegaron lienzos y subieron al ancla de la embarcación para exigir su expulsión.

    “Resulta indignante que el Estado chileno subsidie estos barcos que arrasan con los recursos marinos, permitiendo su ingreso en aguas territoriales para abastecerse. Los pescadores chilenos han hecho muchos esfuerzos para recuperar el Jurel. Permitir la entrada al país de estos depredadores del mar va en contra de cualquier esfuerzo por recuperar los recursos”, dijo Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace.

    Más de 13 Jumbo Jets caben en la red de arrastre del Margiris, embarcación de bandera lituana y dueños holandeses que recorre aguas internacionales arrastrando los recursos marinos en las últimas zonas pesqueras que aún quedan. Mide 142.8m de largo y es capaz de procesar más de 275 toneladas de pescado al día. Su capacidad de pesca es 14 veces más que la media de todos los pesqueros que tiene Chile.

    El drama de la sobrepesca

    “El Margiris ha contribuido a la sobrepesca de las aguas europeas, colapsó la pesca en el Pacífico Sur, y devastó a las comunidades pesqueras en África occidental. Después de ser expulsado de Australia, ha vuelto al Pacífico Sur para continuar menoscabando sin piedad las poblaciones de peces que ya se encuentran en un estado precario, poniendo en riesgo todo lo avanzado por Chile en disminución de cuota de pesca para cuidar los recursos marinos”, explica Leiva.

    Este Super arrastrero prácticamente no tiene competencia, ya que sus faenas son subsidiadas por la Comunidad Europea y ha recorrido el mundo entero sobreexplotando los recursos marinos. “Venimos persiguiendo al Margiris en las costas africanas y australianas movilizando a los pescadores locales para exigir que se prohíba su ingreso. A raíz de dicha prohibición este gigante ha volcado sus faenas de pesca en el pacifico sur, y especialmente al último vestigio de Jurel, del que la industria Chilena ha tenido que sufrir la reducción del 75% de la cuota de pesca” agregaron los activistas de Greenpeace.

    “Solicitamos de la manera más enérgica al Gobierno de Chile que prohíba el ingreso de estos mega barcos arrastreros que están depredando de forma irresponsable los recursos del mar, estamos seguros que si el Margiris se queda sin lugares donde abastecerse, lograremos que sea insostenible para ellos seguir arrasando los recursos marinos”, puntualizó Samuel Leiva

    Fuente: El Dínamo, publicado 30 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Senador Antonio Horvath dijo que ha habido lobby de la minería para parar el proyecto que protege glaciares.

    Vie, 08/30/2013 - 09:31

    Foto: traveltop.org

    El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, admitió ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado que el incumplimiento de algunos aspectos de la resolución de calificación ambiental (RCA) que aprobó el proyecto de oro y plata Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold en la Tercera Región, “dañó la industria y la imagen país”.

    El dirigente gremial fue invitado a exponer su visión sobre el proyecto de ley para proteger los glaciares, donde inevitablemente se aludió a los problemas que enfrentó Pascua Lama y la sucesión de multas por vulnerar la legislación y sus compromisos ambientales.

    “Nosotros compartimos el hecho de que Pascua Lama nos ha dañado como imagen país y como industria. Fue una experiencia que nos preocupa”, admitió Salas.

    No obstante, recordó que la multinacional Barrick Gold ha asumido su responsabilidad y que tiene un programa para paliar el impacto.

    “Es evidente que no apoyamos iniciativas que no cumplan la normativa y que apoyamos el rol fiscalizador de la autoridad. Nosotros esperamos de todos nuestros asociados que cumplan la legislación”, indicó.

    Respecto del proyecto, Salas hizo hincapié en que desde la fecha de su presentación, en 2006, la normativa se ha ajustado y se ha concretado una nueva institucionalidad que protege los glaciares.

    ” Lobby de mineras”

    En el mismo sentido opinaron los restantes invitados, representantes de Codelco, Consejo Minero y Anglo American.

    Plantearon que de prosperar la idea de generar un marco regulatorio, este no puede ser homogéneo porque los glaciares son distintos y tienen diferente impacto sobre las cuencas. “Prohibir la actividad (minera) cercana a los glaciares no asegura su preservación, porque su deterioro es producto del cambio global”, indicó el gerente de Sustentabilidad de Anglo, Claudio Nilo.

    El presidente de la Comisión, senador Antonio Horvath (RN), insistió en la necesidad de legislar sobre glaciares, asumiendo sus particularidades, y denunció presiones: “sin duda que ha habido un fuerte lobby de la minería, tanto en este como en el anterior gobierno, para no avanzar en el proyecto”.

    CONSERVACIÓN

    Prohibir la minería cerca de glaciares no asegura su preservación, dijo un ejecutivo de Anglo.

    “Nosotros compartimos el hecho de que Pascua Lama nos ha dañado como imagen país y como industria. Fue una experiencia que nos preocupa”.

    Fuente: Chile Sustentable, publicado 28 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    La Justicia falla a favor de Minera Los Pelambres: No se demolerá tranque El Mauro

    Vie, 08/30/2013 - 08:18

     

    Foto: chiledesarrollosustentable.cl

    Para la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, la denuncia de la comunidad de la zona llegó cuando el embalse de relaves ya se encontraba terminado, por lo que “resulta claro que la apelación deducida por la demandante va a su indefectible rechazo”, señala el fallo.

    La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó este jueves la posición de Minera Los Pelambres que indicaba que la construcción y operación del tranque de relaves El Mauro no afecta derechos de terceros ni perturba el libre escurrimiento de las aguas profundas y superficiales de la zona.

    De esta forma el fallo, que se enmarca en el llamado juicio por obra nueva, cerró la puerta a la petición de demolición del tranque realizada por un grupo de abogados y representantes de la comunidad, consigna Emol.

    El fallo argumenta que la obra denunciada– embalse de relaves- ya se encontraba terminada cuando se interpuso la acción en estudio.

    “Así las cosas, por todo lo razonado en los apartados precedentes, resulta claro que la apelación deducida por la demandante va a su indefectible rechazo”, señala la resolución.

    Igualmente, la sentencia ordena a los demandantes pagar las costas del juicio de primera instancia.

    Cabe apuntar que con esta decisión se valida el cumplimiento de la RCA del tranque, donde, según la compañía, se hicieron todos los estudios y se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.

    Recordemos que Minera Los Pelambres pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals –brazo minero del grupo Luksic- y en un 40% al consorcio japonés integrado por Nippon LP Investment (25%) y MM LP Holding BV (15%).

    Fuente: El Dínamo, publicado 29 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Gobierno quita urgencia a discusión de “Ley Monsanto”

    Jue, 08/29/2013 - 10:54

    Foto: /infocampo.com

    El gobierno decidió quitar la urgencia al proyecto de ley de Obtenciones Vegetales, más conocida como “Ley Monsanto”, lo que evitó que fuera votada en el Senado durante este miércoles.

    Esta iniciativa, presentada durante el gobierno de Michelle Bachelet, ha sido fuertemente cuestionada por grupos ciudadanos y de agricultores, pues según acusan, privatiza las semillas originarias del país entregándolas a grandes empresas como Syngenta, Bayer o Monsanto, de ahí su nombre coloquial.

    La ley en general busca que quien obtiene una semilla nueva o variaciones, la pueda patentar a su nombre, y recibir los dividendos de su explotación, sea por él mismo o por otro agricultor.

    Esto significa que un agricultor pequeño, que suele hacer variaciones a las semillas, guardarlas de un año para otro, o intercambiarlas con otros campesinos, ya no lo podrá hacer si es que están ya registradas por otro agricultor.

    Por otro lado, al no existir un registro o “inventario” de todas las semillas que hay en Chile, ni protección para ellas, se podrán patentar todas sin distinción, lo que generaría perder la soberanía de aquellas que por años han pertenecido, por ejemplo, a los pueblos originarios.

    Así lo explicó al programa Expresso Bío Bío, el senador Juan Pablo Letelier, quien es opositor a la ley: “En nuestro país, tenemos una gran dificultad porque, en primer término, no tenemos un registro del material genético nacional, es decir, cuáles son las semillas originales, las que han pertenecido a los pueblos originarios, los campesinos, los agricultores, cuáles son las que no se pueden registrar versus las que se pueden registrar. Eso en un segundo ámbito, donde la ley es muy ambigua”.

    Según el biólogo y cofundador de Chile Sin Transgénicos, Iván Santandreau, que el gobierno haya quitado la urgencia al proyecto responde a un logro ciudadano que desde principios de este año se ha manifestado en contra para evitar su aprobación y poner el tema en el debate público, pese al cerco comunicacional. “A nosotros nos parece que el hecho de que el gobierno le haya quitado la suma urgencia obedece simplemente a que no tienen los votos para que el proyecto se apruebe, así de simple, y eso en gran medida, me parece a mí, que es un gran logro ciudadano”.

    Por su parte, los agricultores se han mostrado reacios a perder lo que por años ha sido suyo. El presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos de la Octava Región, Guillermo Riveros, explica lo que pasaría si esta ley, tal como está, se aprueba: “En el caso nuestro, al ser productores orgánicos, nosotros tenemos nuestras propias semillas y producimos nuestros propios plantines y no queremos que el día de mañana vayamos a cosechar y llegue un señor con un vehículo grandote y con fuerzas policiales y nos diga: ‘¿Sabe qué? toda su cosecha pásela a este lado, porque está con royalty o esta está afectada por nosotros’”.

    Existe un concepto internacional de agricultor en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en que se reconoce que la persona que siembra y cosecha tiene el derecho a usar la semilla que surge de su cosecha, algo que la ley de obtentores no permitiría si ésta ya está patentada por otro.

    Fuente: Radio Bío Bío, publicado 18 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Congreso despacha veto sobre concesiones eléctricas

    Jue, 08/29/2013 - 10:05

    Fuente: senado.cl

    Pese a que el Senado manifestó su opinión desfavorable a las observaciones hechas por el Ejecutivo, prevalece la norma constitucional, por lo que quedan fuera del proyecto los aspectos referidos a la consulta indígena y a las áreas silvestres protegidas.

    Luego de la aprobación del Congreso del proyecto de ley que establece el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, el Presidente de la República presentó un veto supresivo para eliminar los aspectos relacionados con la consulta indígena contemplada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en lo referido a las áreas silvestres protegidas.

    Dicho veto fue respaldado por la Cámara de Diputados y rechazado (por 17 votos a favor y 8 en contra) por el Senado; sin embargo, de acuerdo a la norma constitucional, prevalece la opinión del Ejecutivo, al no alcanzar el quórum requerido (25 votos).

    Cabe recordar que, el informe de la Comisión Mixta -que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre la iniciativa legal- incluyó las disposiciones relativas a la consulta a los pueblos originarios antes de la construcción de las obras y las normas sobre áreas silvestres protegidas. No obstante, en la Cámara de Diputados no obtuvieron consenso, por lo cual el Ejecutivo se abrió a la posibilidad de enviar el veto supresivo, según expresó el ministro de Energía, Jorge Bunster.

    Durante el debate se manifestaron contrarios a las observaciones realizadas por el Ejecutivo los senadores Jaime Orpis, Eduardo Frei, Isabel Allende, Guido Girardi, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Hosaín Sabag, porque eliminan del proyecto dos temas que habían sido alcanzados tras un acuerdo logrado en el Senado. En tanto, los senadores Antonio Horvath y Eugenio Tuma señalaron su apoyo al veto supresivo ya que resguarda la situación de los pueblos originarios.

    Es necesario contextualizar que el proyecto en cuestión propone adecuar y actualizar la Ley General de Servicios Eléctricos, que data del año 1982, en consideración a que el actual procedimiento concesionario ha quedado obsoleto frente al nuevo escenario regulatorio, con las demandas de mayor seguridad de suministro y con la entrada de las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) y los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) que el país requiere impulsar.

    Respetar los acuerdos

    Durante la discusión, el senador Orpis se manifestó contrario al veto, porque los aspectos en disputa fueron parte de “un acuerdo político que permitió avanzar. (…) Lamentablemente, independiente de lo que vote el Senado, se va a suprimir, pero creo que hay que honrar siempre la palabra”, recalcó; además llamó a aprobar las normas referidas a generar más y mejor energía para dar estabilidad al país.

    Por su parte, el senador Frei Ruiz- Tagle manifestó que con este veto, “el proyecto vuelve a estar como estaba cuando ingresó, producto de que con los acuerdos políticos habíamos logrado indicaciones para mejorarlo”, pero con este texto, agregó “se protegerá menos a los pueblos originarios, porque se aplicará la norma general (…) No estamos dando muestras, ni señales claras de querer avanzar en materia energética”.

    Para la senadora Allende, el acuerdo alcanzado en el Senado daba paso a poder tener  “una triada de proyectos energéticos, como la interconexión eléctrica, el 20/ 25 y concesiones eléctricas” y el haber incluido explícitamente la consulta “se nos daba garantías de que no era posible construir concesión sin haber consultado a los pueblos originarios”.

    El peor de los mundos

    “Precarización para los pueblos originarios y las áreas silvestres” es lo que significará, a juicio del senador Girardi esta ley, que surge como “un traje a la medida” para los sectores económicos; más aún, reclamó: “la ley de concesiones no responde a una política integral, ni a un desafío país, no sabemos para dónde están dirigidos los incentivos”.

    En tanto, para el senador Quintana estamos frente “al peor de los mundo. Si lo que teníamos era precario, esto es peor y aquí queda desprotegido el mundo indígena”; para el legislador, el eliminar la consulta de la ley abre paso a un sistema de excepciones y “la defensa de los intereses de la biodiversidad queda en precarias condiciones”. El senador Rossi aclaró que hizo observaciones en sesiones anteriores “no fue con el ánimo de entrabar el proyecto y menos porque no quisiéramos energías renovables no convencionales, sino que fue porque teníamos la convicción de que es necesario el defender la consulta indígena y la protección de áreas silvestres” y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se evite la consulta con este veto.

    A su turno, el senador Sabag además de rechazar las observaciones presidenciales manifestó que “el acuerdo del Senado era el adecuado” e hizo presente su preocupación porque “en pocos años más vamos a estar en seguros problemas” por la falta de energía renovable y limpia.

    La consulta está asegurada

    En posición contraria se manifestó el senador Horvath, quien aclaró que la consulta ciudadana está asegurada. “El veto nos parece una mejor fórmula porque se vuelve de mejor forma al 169, a una consulta anticipada” y recordó que el mensaje aún debe ser visado por el Tribunal Constitucional.

    En la misma línea, para el senador Tuma “la solución para darle viabilidad al proyecto no es mala (veto)”, porque de todas formas habrá consulta a los pueblos originarios, pero puso atención a las comunidades locales para que no se concurra en abusos hacia sus terrenos y recodó el compromiso presidencial de enviar una ley referida, precisamente, a esta consulta.

    Fuente: Senado, publicado 28 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Se aprueba veto que excluye consulta indígena y protección de áreas verdes por Ley de Concesiones

    Mié, 08/28/2013 - 10:17

    Foto: diariosur.es

    El Gobierno cumplió el compromiso suscrito por el ministro de Energía, Jorge Bunster, de presentar un veto supresivo al proyecto de ley de Concesiones Eléctricas que elimina los artículos relativos a la Consulta a los Pueblos Indígenas y la protección a las Áreas Silvestres, con la finalidad de facilitar la aprobación de la iniciativa en el Parlamento.

    En medio de la discusión de una amplia agenda de iniciativas energéticas se tramita el proyecto de ley de Concesiones Eléctricas que, pese a la resistencia de los ambientalistas, ha encontrado un alto consenso en ambas Cámaras del Congreso. No obstante, la iniciativa sufrió un retraso mayor a lo esperado por dos artículos que trabaron la discusión: la forma de aplicar la Consulta que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la vía para brindar protección a las áreas silvestres.

    Así, para evitar que el debate se siguiera dilatando, se optó por ingresar un veto que dejara afuera estos elementos. Este debe ser respaldado por ambas ramas del Congreso durante esta semana para publicar a la brevedad la ley.

    En tanto, Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistemas, explicó el por qué esta jugada les parece compleja: “Se elimina un articulado que era muy malo, pero un poco como que el argumento es, y por lo tanto, que funcionen las instituciones que ya están y que funcionen las leyes que ya están. En ambos temas es bastante controvertido. Yo diría más bien que en la Convención de Washington hay muchos ejemplos, en que no ha bastado para proteger los parques. Las áreas protegidas de este país se va a dejar en el fondo funcionando el Status Quo y eso no es muy bueno”.

    Cabe señalar que la Convención de Washington que cita Orrego, es la herramienta internacional que apunta a proteger las áreas silvestres, la misma que –afirma- hoy está siendo omitida en la tramitación de un proyecto emblemático como es HidroAysén que inundaría el Parque Nacional Laguna San Rafael, declarado reserva de la biosfera.

    Aquí, otro incumplimiento a tratados internacionales pasa por la exclusión del Convenio 169 de la iniciativa, cuando actualmente no existen reglamentos que puedan habilitar la Consulta a los Pueblos. Si bien el Ejecutivo trabajó en una mesa con dirigentes indígenas para buscar una vía, ésta no llegó a un 100% de acuerdo, y aún no se ha presentado formalmente el reglamento.

    Este trabajo no excluye la responsabilidad que tendrían los distintos poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de diseñar la forma de habilitar la herramienta, tal como indicó Cecilia Flores, presidenta del Consejo Nacional Aymara y quien ha colaborado directamente en el proceso de establecer un reglamento claro que habilite el Convenio cuando Chile lo aprobó ya hace cinco años.

    Por esto, la dirigente del pueblo Aymara precisó que “la tramitación patriametal también tiene que acogerse al Convenio y va por separado en el sentido de que ellos tienen que crear una forma de consulta como tal, porque quien consulta es el ente que dispone de las medidas administrativas o de la ley en este caso y se excluye en la consulta o lo que dice el convenio dentro de un proyecto sigue su tramitación. Es lo mismo que han estado haciendo con todos los proyectos de inversión que han estado realizando sin previa consulta, es decir, siguen ignorando el Convenio 169″.

    Para ambientalistas y pueblos originarios el “mantener las cosas como están para acelerar la tramitación” no es el camino correcto, cuando existen críticas al contenido del esta Ley de Concesiones, la que va unida al proyecto de Carretera Eléctrica Pública y la interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SIN), iniciativas que, sostienen, son impulsadas por las empresas eléctricas y que buscan perpetuar el actual modelo energético.

    Fuente: Radio U. de Chile, Paula Correa, publicado 27 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Bachelet en Aysén: “Tal como está el proyecto HidroAysén no es viable”

    Mié, 08/28/2013 - 09:38

    Foto: /Agencia Uno

    En su visita de este lunes a Coyhaique, la candidata del Pacto Nueva Mayoría dijo que “yo ya lo he dicho hace rato, tengo una opinión clara. Hemos dicho que necesitamos un desarrollo de la economía, necesitamos energía pero jamás por sobre el medioambiente y por sobre las comunidades”.

    En el marco de su visita a la región de Aysén, la candidata del pacto Nueva Mayoría y ex Presidenta, Michelle Bachelet, aprovechó un encuentro con dirigentes sociales y sindicales de Coyhaique para referirse a su postura frente al cuestionado proyecto Hidroeléctrico HidroAysén y a temas energéticos.

    En una conversación con la prensa local, Bachelet subrayó que “nosotros creemos que tal como está el proyecto HidroAysén no es viable. Nosotros hicimos lo que había que hacer en un Gobierno en una etapa donde no había la institucionalidad ambiental como la que tenemos hoy día y donde nos preocupamos de construir la institucionalidad ambiental”.

    Luego en una actividad pública, realizada en el cine de la ciudad, y ante la interrogante planteada por un asistente al evento y que coincide con la exigencia de un pronunciamiento hecha por más de 20 organizaciones ambientalistas, Bachelet indicó que  ”yo ya lo he dicho hace rato, tengo una opinión clara. Hemos dicho que necesitamos un desarrollo de la economía, necesitamos energía pero jamás por sobre el medioambiente y por sobre las comunidades”.

    “Lo que tenemos que hacer es construir los instrumentos para que esa voz tenga importancia a la hora de tomar una decisión, lo que ustedes han llamado participación vinculante. Y tenemos ahora la gran tarea de una nueva Constitución que permita que no tengamos que gritar sino que la voz de las comunidades pese en los momentos de las decisiones” subrayó la candidata.

    HidroAysén y Energía Austral son invasivos

    En su calidad de orador principal del acto, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS) subrayó el rechazo a los proyecto termoeléctricos que pretenden instalarse en la Patagonia. “Quiero Presidenta reafirmar ese mensaje, ese mensaje es muy potente acá en la región de Aysén en esta Patagonia chilena”, dijo.

    De esta forma, Huala se hizo eco de los gritos de “Patagonia sin Represas, ahora y siempre” que se hicieron sentir en el recinto, junto a lienzos  en los que se podía leer “Aysén Reserva de Vida”, dando cuenta de que una parte importante de los adherentes y asistente a la encuentro con Bachelet tenían una visión crítica de su desempeño en este tema.

    “Nosotros siempre hemos planteado, desde el Movimiento Social, con la gente que representó a Patagonia sin Represas, que a lo menos debiera haber una consulta vinculante de estos mega proyectos” continuó el edil, quien obtuvo el mayor número de votos a nivel regional en las elecciones municipales pasadas. “Sabemos que nosotros los patagones, en su gran mayoría no queremos este mega proyecto, ningún mega proyecto, ni el de HidroAysén ni el de Energía Austral. Pensamos que son invasivos”, puntualizó el edil.

    Fuente: El Dínamo, publicado 27 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Suprema tiene en sus manos futuro de proyecto Pascua Lama

    Mar, 08/27/2013 - 10:12

    Fuente: Radio U. de Chile

    La Tercera Sala de la Corte Suprema debe resolver si el proyecto Pascua Lama sólo debe cumplir nuevas medidas de mitigación ordenadas por la Superintendencia de Medioambiente o si corresponde anular la Resolución de Calificación Ambiental y exigir que las obras ilegales que hizo la minera canadiense Barrick Gold deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

    Este lunes la Tercera Sala de la Corte Suprema escuchó los alegatos de las partes respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en julio acogió gran parte de los argumentos del recurso de protección presentado por comunidades de la etnia diaguita del valle del Huasco, en la región de Atacama.

    Cabe recordar que esto logró que la Justicia paralizara completamente el proyecto aurífero Pascua Lama debido a sucesivos incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), particularmente por la construcción de obras no dispuestas en el permiso, las cuales afectan la capacidad de riego del valle y a los glaciares.

    El abogado de la empresa Barrick Gold, José Antonio Urrutia, dijo al término de su alegato ante el máximo tribunal que en su momento rechazaron los argumentos de este recurso de protección, pero que ahora consideran que se ajusta a derecho y que por lo mismo esperan que no se anule la totalidad de la Resolución de Calificación Ambiental, ni que se obligue a la empresa a tramitar nuevamente el proyecto.

    En este sentido, el representante de la minera canadiense señaló que “aunque el fallo dictado por la Corte de Apelaciones no es del agrado de la empresa puesto que paraliza el proyecto por un año y medio. Nosotros después de un análisis en detalle encontramos que es un fallo muy ajustado a derecho razón por la cual decidimos no apelar del mismo y alegamos por su confirmación, y ellos están pidiendo algo adicional, que es que se revoque la resolución de calificación ambiental lo cual en mi opinión no procede por un tema de Derecho Ambiental. Lo que está vigente es la resolución de calificación ambiental y mientras se cumplan todos los requerimientos que ahí se digan el proyecto podría seguir adelante”.

    La parte querellante está conformada en este caso por 13 representantes de comunidades que reúnen a tres mil personas diaguitas, las cuales pidieron a la Corte Suprema que se aplique el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en lo referido al derecho a consulta de los pueblos indígenas.

    El abogado que patrocina a los diaguitas, Lorenzo Soto, explicitó el argumento central presentado ante la Suprema.

    Por esto, el abogado de las comunidades indígenas explicó que “esta parte que representa a las comunidades Diaguitas fue muy concreta y precisa en pedir que se confirme la paralización, pero que se vaya un poco más allá, es decir, que se reevalúe el proyecto en todo aquello en que el proyecto se ha excedido del permiso ambiental. Hay obras que se han construido y que no están autorizadas. Obras del sistema de manejo de aguas, canales de conducción de descarga, que ejecutó por meras y simples vías de hecho. Esas obras no están dentro de la RCA, lo que estamos pidiendo ahora, que junto con revisar ambientalmente el proyecto en lo incumplido, se haga una nueva evaluación en todo aquello ejecutado que está fuera del permiso ambiental”.

    Aun cuando el proyecto Pascua Lama se aprobó el año 2006, importa decir que la prospección minera (es decir, la fase en que se buscaba el oro), entre la década de 1980 y la aprobación del proyecto, redujo en 70% a los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, según evidenció la consultora Golder Asociados.

    Fuente: radio.uchile.cl, Helmuth Huerta, publicado 26 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    PM 2,5: suben días con índices de esmog sobre la norma en Santiago

    Mar, 08/27/2013 - 09:51

    Foto: Radio U. de Chile

    Análisis de la U. de Santiago muestran que se superó el límite de 50 ug/m3 de este agente dañino durante 107 días este año. Expertos sostienen que es necesario declarar Zona Saturada por este contaminante para adoptar medidas.

    Más días con niveles de esmog sobre la norma establecida para Material Particulado Fino (PM 2,5) se han registrado este invierno en la Región Metropolitana. Así da cuenta un análisis realizado por el Departamento de Física de la U. de Santiago, que señala que desde el 1 de abril pasado y hasta ayer hubo 107 días (de un total de 158 jornadas) en que se ha superado la norma asociada a este agente dañino presente en el aire.

    La cifra es mayor de lo ocurrido en 2012, cuando se presentaron 72 días de este tipo. La ley establece que se supera la norma cuando se registran 50 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico como promedio en 24 horas (un día). “Ese es el límite, y si esa cifra se excede, hay efectos negativos en la salud de las personas”, afirmó Patricio Pérez, académico a cargo de este reporte.

    Según el informe, este año se presentaron 14 alertas ambientales por material particulado fino (cuando los medidores marcan sobre 80 microgramos por metro cúbico) y no se produjeron preemergencias (episodios en que se alcanza 110 microgramos por metro cúbico). En cambio, en 2012, hubo 19 alertas y cuatro preemergencias. Un total de 29 de días con superación de la norma ocurrieron en Puente Alto. Esta medición es paralela al monitoreo oficial que se hace de Material Particulado Grueso (PM 10), a partir de la que se toman medidas como restricción vehicular y paralización de industrias cuando empeora la calidad del aire.

    El reporte indica que el promedio de las concentraciones de material particulado fino fue la misma que el año pasado: 35 microgramos por metro cúbico. El investigador agregó que la menor cantidad de episodios críticos respecto de 2012 se debe a “a que hubo buenas condiciones atmosféricas para la dispersión de partículas. Pero eso no quiere decir que no haya contaminación”, añade.

    Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la U. Andrés Bello, explicó que debido a los índices que se han presentado, Santiago debería ser declarado como Zona Saturada por este agente, lo que hasta ahora no ha sucedido. Por ahora, la cartera de Medio Ambiente debe hacer un estudio sobre la representación que poseen las estaciones de medición de calidad de aire y luego presentar los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente, lo que -según fuentes del Ejecutivo- no ha sucedido.

    El Ministerio de Medio Ambiente se excusó de opinar respecto a la medición de las partículas finas, argumentando que no está facultado por ley para ello.

    La entidad aclaró, sin embargo, que sí coordinan el monitoreo de PM 10. Este año se registraron cinco alertas ambientales y no hubo preemergencias por esta sustancia. Se trata de la menor cantidad desde 1997, año en que comenzó la medición oficial.

    Fuente: latercera.com, publicado 27 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Aysén: Ambientalistas emplazan a Bachelet para que se pronuncie sobre el futuro de las represas

    Mar, 08/27/2013 - 09:13

    Foto: elmundo.com.sv

    Desde más de 20 organizaciones de la zona indicaron que “es en esta región donde ella debiera decir claramente qué hará para que no se materialicen iniciativas que no le gustan o que considera que no debieran seguir adelante”.

    En el marco de un encuentro realizado en Puerto Aysén, la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén acordó este fin de semana, solicitar a la candidata del Pacto Nueva Mayoría y ex mandataria, Michelle Bachelet, un pronunciamiento claro y público respecto del proyectos de represas ubicados en la zona, durante la visita que realizará esta semana a Coyhaique y Puerto Aysén.

    “Hemos conocido algunas de sus palabras sobre este tema, pero considerando que fue durante su administración cuando fueron acogidos a tramitación los proyectos de represas de HidroAysén y Energía Austral creemos que es en esta región donde ella debiera decir claramente qué hará para que no se materialicen iniciativas que no le gustan o que considera que no debieran seguir adelante”, indicaron los ambientalistas tal como publica el Diario de Aysén.

    En esta línea agregaron que “hasta el momento (Bachelet) ha dicho que HidroAysén no es viable, pero sería bueno saber si está dentro de sus intenciones asegurarse que no sea viable, porque las leyes que algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría están impulsando en el Congreso, como la Ley de Concesiones Eléctricas o la Carretera Eléctrica Público, significan ponerle piso a HidroAysén y Energía Austral, que aunque hoy pretenda cableado submarino de todas formas necesita servidumbres en el territorio para la interconexión de los tres gigantescos embalses que proyecta alrededor de Puerto Aysén”.

    Agregaron en la organización que “esta señal contradictoria es coincidente con lo que dijo recientemente la candidata presidencial al gran empresariado de la Confederación de la Producción y el Comercio, en el sentido de que en su eventual futuro gobierno recuperará el tiempo perdido y retomará la inversión en infraestructura productiva incluyendo lo que es generación y transmisión eléctrica”.

    Cabe apuntar que la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén está conformada por más de 20 organizaciones: Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia (Cochrane); Agrupación Antukulef (Chile Chico); Agrupación Chonke (Caleta Tortel); Agrupación Mañíos y Baguales (Villa Mañihuales); Agrupación de Defensores de la Cuenca del Murta; Agrupación Herederos de la Patagonia (Villa Cerro Castillo); Agrupación de Defensores de la Cuenca del Palena (La Junta); Autoconvocados (Villa Amengual); Agrupación Cultural y Ambiental Río Pascua (Villa O’Higgins); Comunidad Indígena Guaquel Marimán (Puerto Aysén); Colectivo Newentru Domo (Puerto Aysén); Colectivo Prisma (Puerto Aysén); Agrupación Wallmapu (Puerto Aysén); Colectivo Jóvenes Coyhaiquinos; Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches; Partido Ecologista Verde en Aysén; Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida; Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén; Corporación Costa Carrera; Mujeres Unidas por los Ríos Libres; Comité Oscar Romero; Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo capítulo Aysén, y Asociación de Reporteros Independientes de la Patagonia.

    Fuente: eldinamo.cl, publicado 26 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Ecologistas denuncian campaña del terror

    Lun, 08/26/2013 - 16:31

     

    Foto: nuevamineria.com

    El presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano, denunció que el sector industrial está amenazando a la ciudadanía al decir que no podrá elevar el nivel del empleo si no se resuelven los problemas energéticos del país.

    “Algunos sectores empresariales del país se encuentran haciendo una campaña del terror en materia energética, con el fin de presionar al gobierno e incidir en las propuestas programáticas de Michelle Bachelet, de modo que se puedan aprobar los antes posible los proyectos energéticos actualmente en tramitación”, manifestó el presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano.

    Según el ecologista, el planteamiento de los empresarios apunta a la pronta aprobación de proyectos como HidroAysén, cuestión que ya fue proyectada hace poco más de una semana por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, cuando se refirió al avance de las reclamaciones presentadas por diversos sectores. En la oportunidad, informó que “es muy alto el porcentaje de observaciones analizadas, así que esperamos terminar el proceso de la revisión muy luego”.

    Para los ecologistas, el problema de fondo no es alcanzar un acuerdo país para destrabar y aprobar los proyectos energéticos, sino, por qué los costos de la energía en Chile son tan altos. “A nuestro juicio, esto se debe a varios factores, entre estos, la alta concentración de la propiedad de las empresas energéticas en las generadoras Endesa, Gener y Colbún”, opina Baquedano. En este contexto, el ecologista sostiene que “el acuerdo país que debemos buscar debe hacerse entre las empresas, el Estado y la ciudadanía, considerando dentro del Estado al gobierno, los parlamentarios y la justicia, porque nadie debe quedar fuera de este importante debate”, concluye.

    Fuente: Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano, publicado 26 agosto 2013.

    Sectores ambientalistas en alerta por agenda energética entre Concertación y Ejecutivo

    Lun, 08/26/2013 - 09:27

    Foto: imagenycultura.udechile.cl

    Dirigentes de organizaciones medioambientales miran con escepticismo la reservada agenda sostenida entre el Ejecutivo y parlamentarios de oposición, respecto de aprobar una serie de acuerdos en materia energética. Las observaciones apuntan a un arreglo político previo al cambio de gobierno, que amarre líneas de acción en esta materia.

    La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se reunirá este mes con las candidatas presidenciales Michelle Bachelet, encuentro realizado la semana pasada, y Evelyn Matthei, con cita fijada para este martes. En la reunión con la candidata de Nueva Mayoría, el tema energético fue uno de los principales puntos de preocupación expresados por los empresarios.

    En esta materia, el Ejecutivo ha sostenido una serie de conversaciones con representantes de la oposición, lideradas por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, que busca finiquitar un acuerdo respecto de proyectos de ley que se discuten en el Parlamento.

    Esta agenda contempla la recientemente aprobada Ley de Concesiones Eléctricas, que aún tiene pendiente un veto presidencial para sumar condiciones por el Convenio 169 respecto de consulta a pueblos indígenas, y la protección de áreas silvestres protegidas.

    Desde la oposición, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, ha encabezado los acercamientos con el Gobierno, quien destacó que la actual gestión no tiene avances en materia energética, lo que amerita a agilizar la discusión para evitar un escenario similar en la próxima administración.

    Pizarro declaró que “durante este gobierno no se avanzó en materia energética, se vieron señales contradictorias. La necesidad de energía es creciente, y si no despejamos estos nudos vamos a tener un problema serio con insuficiencia energética y encarecimiento de los precios. Cualquier acuerdo es beneficioso para el país y los gobiernos que vendrán, porque necesitamos una matriz energética que sea sustentable, y que cubra las necesidades de los próximos treinta años”.

    No obstante, este diálogo político no cayó bien entre grupos ambientalistas, quienes señalan que se busca un acuerdo a espaldas de la ciudadanía, donde la derecha buscará amarrar condiciones que beneficien proyectos que han sido criticados por su impacto al ecosistema.

    Patricio Segura, integrante de Patagonia Sin Represas, destaca que hoy la oposición tiene un doble discurso, por un lado con la candidata mostrando un rechazo a HidroAysén, y por otro con sus parlamentarios votando a favor del proyecto de Concesiones Eléctricas.

    El dirigente indicó que “llama la atención que parlamentarios emblemáticos de la Nueva Mayoría, muy cercanos a Bachelet, voten a favor de ese proyecto. Tenemos a Ricardo Lagos Weber, a Osvaldo Andrade, lo que es incoherente con lo que ha dicho la ex presidenta que no le gusta Hidroaysén, que no es viable. Lo que es necesario es transparentar las posturas, ellos están generando un cacho a la ex presidenta si creen que ganará las próximas elecciones”.

    Segura valoró que el proyecto de Carretera Eléctrica aún no tenga apoyo necesario para su aprobación parlamentaria, ya que han insistido que éste es el apoyo político que se necesita para darle un espaldarazo a Hidroaysén. No obstante, esta carretera que cruza el país desde el extremo sur es parte de los puntos que el Ejecutivo buscará agilizar con esta agenda.

    En otra arista, Luis Mariano Rendón, líder de Acción Ecológica, señala que este gobierno buscará aprobar leyes durante este gobierno, evitando un rechazo ciudadano a la gestión del futuro presidente, una acción política interpretada como “una orden desde los poderes fácticos”.

    Rendón expuso que “da la impresión que los poderes fácticos hacen su agosto para lograr que proyectos de ley que benefician a monopolios energéticos sean aprobados en este gobierno de derecha que no tiene nada que perder, evitando a un futuro gobierno los costos de enfrentar la discusión parlamentaria. Es una forma poco transparente de realizar la labor legislativa, en temas que han generado un gran rechazo por parte de la ciudadanía”.

    Un tercer punto de la agenda entre Ejecutivo y oposición guarda relación con el proyecto 20/20, de tener un 20% de la matriz proveniente de Energía Renovable no Convencional (ERNC) al año 2020, pero el retraso de un programa de incentivo ha desplazado la meta al año 2025, documento que ya fue aprobado en junio por la Cámara de Diputados.

    Fuente: Radio U. de Chile, Juan San Cristóbal, publicado 26 de agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Quince países de América Latina preparan convención internacional por derechos ambientales

    Lun, 08/26/2013 - 09:09

    Foto: conservacionybiodiversidad.cl

    Entre los gobiernos presentes en la instancia se cuentan Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile, los cuales están negociando una Convención Internacional sobre ‘democracia ambiental’, para aplicar el Principio 10 de la Convención de Río, y fijar así una base institucional, administrativa y política sobre tres pilares: acceso a información, participación ciudadana y derecho a Justicia en materia medioambiental. El Gobierno chileno preside actualmente el proceso, que se encuentra en fase de negociación técnica. Esta es llevada a cabo por 40 profesionales de los ministerios: de Medioambiente, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, y de la Secretaría General de la Presidencia.

    América Latina no tiene plataformas de información ambiental de alcance continental, para saber, por ejemplo, de la transferencia de contaminantes entre países, derivada de actividades extractivas o productivas como la minería, la generación termoeléctrica, los transgénicos, o la situación del suelo, el aire y el agua. Tampoco existe estándar básico de participación ciudadana en las decisiones políticas y productivas, y menos todavía una base sobre acceso a Justicia para exigir derechos ambientales.

    Con ese vacío en mente, 15 países de América Latina buscan crear una institucionalidad continental, a fin de operacionalizar el Principio 10 de la Convención de Río. Además del trabajo continuo que se hace a través de teleconferencias, ya se han realizado dos reuniones internacional en noviembre de 2012 en Santiago y en abril de este año en México, donde se fijó la hoja de ruta. La próxima es a fines de octubre o comienzos de noviembre en un país aún por definir.

    Al amparo de Naciones Unidas, la Unión Europea ya creó en 1999 la llamada “Convención de Aarhus” sobre derecho a información, participación ciudadana y acceso a justicia, considerado el instrumento más avanzado sobre ‘democracia ambiental’, y firmado ya por 46 países. Pese a ello, la abogada y negociadora del Ministerio de Medioambiente, Constance Nalegach, aduce que se optó por crear una institucionalidad nueva, porque en América Latina los recursos naturales son más necesarios para la economía en comparación con Europa:

    “Si bien la Convención de Aarhus está abierta a todos los países del mundo, nosotros como América Latina y El Caribe también enfrentamos desafíos que son particulares a nuestra región. El uso de los recursos naturales en nuestra región es una base de la economía, lo que no es tan fuerte en Europa. En nuestra región ya hay ciertos indicios sobre todo de temas de conflictos de interés e incluso de conflictos ambientales por el uso de los recursos naturales”, adujo la funcionaria.

    Por su parte, el director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, informa los temas que propuso Chile en esta instancia internacional:

    “Llegamos con dos temas a la conferencia de Río + 20 del llamado ‘Principio 10’ que abarca estos tres pilares, y también la importancia que reviste la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la consecución del desarrollo sustentable, y que se refleja en el documento final de la conferencia, denominado “El futuro que queremos”, y eso quedó reflejado en dos párrafos, el 46 sobre la importancia de la RSE y el 47 referida a la importancia de que las empresas, tanto del Estado como las privadas que cotizan en la bolsa, generen informes de sustentabilidad”, acotó el funcionario de Cancillería.

    En representación de la sociedad civil actúa la “Iniciativa Acceso”, que incorpora una organización no gubernamental (ONG) por cada país. Chile es representado por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una de las de mayor tradición en la defensa de derechos ambientales. Su director ejecutivo, Ezio Costa, resalta el papel del Gobierno para revertir el vacío institucional ambiental en América Latina.

    “No hay nada a nivel latinoamericano, por eso es importante tener una convención como esta, que permita tener ciertas lógicas comunes, que a la larga lleven a algún nivel de gestión común, pues los recursos naturales, el medioambiente y los ecosistemas son recursos comunes que traspasan las fronteras, de tal manera que esas políticas consideren la existencia de estos derechos reconocidos internacionalmente y el acuerdo y la voluntad de los Estados de América Latina de hacerlos cumplir, y de respetar sus obligaciones internacionales. Hasta ahora ha sido un proceso que en el caso de Chile ha tomado muy en cuenta a la sociedad civil organizada”, dijo el ambientalista.

    Según los expertos, el nuevo instrumento podría contribuir –en el caso de Chile- a enfrentar problemas tan heterogéneos como el secretismo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sobre los cultivos transgénicos; permitir mayor investigación participativa para corregir el vicio de la “información errónea, incompleta o derechamente falsa” que el Gobierno detectó en 2007 en los Estudios de Impacto Ambiental que presentan las empresas; potenciar nuevas y más completas herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así democratizar las decisiones ambientales y superar la definición de los usos de recursos naturales mediante la evaluación “proyecto por proyecto” (como sucede ahora) y no según vocación de territorios; y finalmente, promover el “principio precautorio” ( que se resume con el dicho “ante la duda abstente”) por sobre el actual “principio preventivo” que inspira al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),

    mediante el cual los proyectos empresariales tienden siempre a aprobarse, considerando sólo medidas de mitigación y compensación.

    Aunque se prevé que adhieran más países, hasta este momento los 15 negociantes son los gobiernos de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile. En consecuencia, la nueva Convención regirá a más de 500 millones de habitantes.

    Importa acotar, finalmente, que Estados Unidos no participa de esta instancia y tampoco de la Convención de Aarhus, por las mismas razones por las que se excluyó de la firma del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (sobre transgénicos) y el Protocolo de Kyoto (sobre emisiones contaminantes), pues rechaza adquirir compromisos vinculantes.

    Fuente: Radio U. de Chile, Helmuth Huerta, publicado 25 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Arauco opta por no apelar al fallo por desastre ambiental en río Cruces

    Vie, 08/23/2013 - 09:17

    Fuente: Eldinamo.cl

    “Tomamos esta decisión porque permite generar las condiciones para iniciar, a la mayor brevedad posible, una efectiva implementación de las medidas en favor del Humedal, sin esperar nuevos plazos judiciales”, señaló la firma a través de una declaración pública.

    Mediante una declaración pública, la firma Arauco informó en la tarde de este jueves su “decisión de acatar y no apelar al fallo de primera instancia del juzgado de Valdivia, en cuanto a que los problemas ambientales del Humedal Carlos Anwandter en el año 2004 fueron causados principalmente por la planta de Celulosa Valdivia”.

    En la información que se da a conocer justo en el día en que finalizaba el plazo para presentar una apelación,  se agrega que “tomamos esta decisión porque permite generar las condiciones para iniciar, a la mayor brevedad posible, una efectiva implementación de las medidas en favor del Humedal, sin esperar nuevos plazos judiciales”.

    “Arauco confirma su decisión de trabajar activamente, y desde ya, en la implementación de estas medidas, proceso que debe ser transparente, participativo y técnicamente riguroso, que permita a la comunidad Valdiviana, de la cual formamos parte, cumplir con su anhelo respecto del humedal“, subrayan.

    La firma asimismo, afirma que el fallo es muy extenso, y se refiere a numerosos otros aspectos, dos de los cuales requieren mayor discusión, por lo que se presentarán los recursos correspondientes. Esto en ningún caso altera la decisión respecto a lo expresado anteriormente.

    Estos recursos se ligan, según Bío Bío, con aspectos formales tales como la obligación de construir un humedal artificial, lo que a la empresa le parece contrario a los objetivos ambientales que se han planteado en el fallo.

    El fallo y sus alcances

    Cabe recordar que el fallo emitido a fines de julio por la jueza Gloria Hidalgo, del Primer Juzgado Civil de Valdivia, condenó a la citada empresa por el delito de daño ambiental en el humedal del río Cruces, que provocó la muerte de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza, ubicado en la zona.

    “La entrada en funcionamiento de la Planta Valdivia, causó un detrimento en un lugar de incalculable belleza, reconocido por el Estado de Chile, como un sitio a preservar, daño que afectó no sólo a la fauna, flora, aguas, sino también su valor paisajístico y ello, en atención a lo dispuesto en los artículos 3º y 53 de la Ley de Bases del Medio Ambiente es del todo menester que se repare”, indica el fallo.

    Los peritajes entregados en el curso de la investigación cifraban el daño en $ 86.000 millones, unos US$ 170 millones.

    Fuente: Eldinamo.cl, publicado 22 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Especialistas difieren sobre impacto de Pascua Lama en Comisión Investigadora

    Vie, 08/23/2013 - 08:47

    Fuente: Diario U. de Chile

    Contradictorias versiones entregaron distintos especialistas en la comisión investigadora de Pascua Lama, ya que una apunta a que no hay un impacto medible a la actualidad y el otro asegura que hay un monitoreo incompleto. Los parlamentarios tendrán ahora una posibilidad de evaluar en terreno los efectos del proyecto que aún no empieza a faenar.

    Andrés Rivera, jefe de Glaciología y Cambio Climático del Centro de Estudios Científicos (CECS), entregó a la comisión investigadora del impacto del proyecto Pascua Lama de la Cámara de Diputados, varias apreciaciones sobre el tema.

    Aseguró que durante el período analizado por el CECS (por encargo de la empresa canadiense Barrick Gold), no ha habido ninguna intervención directa sobre los glaciares y que la reducción de masa de éstos no es necesariamente adjudicable al efecto de los trabajos hasta ahora realizados.

    Rivera enfatizó en que no hay un impacto detectable, pero sí se ha propuesto un cambio en la metodología de medición debido a problemas conceptuales con el plan de monitoreo.

    También asistió a la sesión Francisco Ferrando, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien aseguró que la intervención de este proyecto genera efectos más profundos en todo el glaciosistema de la zona.

    En este sentido, el docente de nuestra casa de estudios señaló que “no sólo se afectan los glaciares blancos o limpios, sino que también se afecta todo lo que es el permafrost, es decir, todo lo que es la presencia de hielo en el subsuelo, y además se afecta todo lo que es las áreas de nivación. Desde el momento de que la faena minera comience su operación los efectos van a ser a todo el ecosistema y dentro de ese a todo el glaciosistema, lo que es presencia de hielo o de agua en estado sólido”.

    El especialista aseguró que el tema más complejo es el “monitoreo  de pequeños cuerpos de hielo” que la compañía está haciendo, ya que sólo arroja datos de la dinámica actual, sin que comience la explotación. “Malamente se puede evaluar impacto real”, aseguró.

    Ferrando aseguró que a largo plazo, en un eventual funcionamiento de esta faena minera aurífera, el impacto será aún mayor.

    En esa línea, el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo indicó que “el impacto es a largo plazo y es para todo el Valle del Huasco, en este caso, hasta su desembocadura, que es un oasis lineal, que es un lujo que nosotros tenemos gracias a la existencia de estas formas de presencia de agua en la zona alto andina”.

    Durante la sesión, los diputados Roberto León (DC) y Alberto Robles (PRSD), se declararon confundidos luego de la intervención de los especialistas; ya que ambas declaraciones apuntan en sentidos distintos.

    Para el diputado Patricio Vallespín (DC), la intervención de ambos clarificó que el proyecto no consideraba observaciones, a su juicio, imprescindibles.

    Por esto, el parlamentario de la DC explicó que “los antecedentes que tienen que ver con el conocimiento del tema de manera objetiva, condiciones de tiempo, mostrando cuál es el comportamiento de las zonas glaciares y cómo de alguna u otra manera un proyecto de la magnitud de Pascua Lama no tenía incorporadas muchas de las consideraciones que son imprescindibles de tener para hacer una intervención de la magnitud que se plantea. Creo que dejó varias incertidumbres en su presentación respecto de si el estudio de impacto ambiental y la empresa están efectivamente tomando todos los resguardos que se requieren”.

    Para este miércoles y jueves las organizaciones ambientales de la zona afectada, esperan que el grupo parlamentario sesione en la localidad de Alto del Carmen y que se enteren en terreno de los impactos que ya se están haciendo notar en el Valle del Huasco.

    Fuente: Radio U. de Chile, Héctor Areyuna Sánchez, publicado 21 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    En terreno: Diputados conocerán en el Valle del Huasco los impactos de Pascua Lama

    Mié, 08/21/2013 - 09:13

    Fuente: Eldinamo.cl

    Tras la presión de las más de 17 organizaciones que han resistido la instalación del proyecto minero de Barrick Gold, la instancia investigará la situación ambiental de las comunas del Valle del Huasco, los efectos para sus actividades y si se está cumpliendo con la normativa ambiental.

    Ente este miércoles 21 y jueves 22 de agosto de 2012, la Comisión de la Cámara de Diputados, constituida para investigar los efectos ambientales del proyecto Pascua Lama, sesionará en el Valle del Huasco, en la localidad de Alto del Carmen, a petición de diversas organizaciones locales.

    Después de 6 años de que las comunidades de Alto del Carmen solicitaran que se constituyera una Comisión que fiscalizara el modo de operar de la minera Barrick Gold en el territorio, y de que la iniciativa no pudiera concretarse por falta de quórum en las 5 votaciones que se llevaron a a cabo en la Cámara baja, este año, tras los sendos incumplimientos e irregularidades sancionados por los organismos públicos, los diputados acordaron el 8 de mayo constituir la Comisión, la que entró a operar el 20 de junio, y recién irá al territorio, por la presión de las organizaciones locales, esta semana.

    El mandato de esta instancia parlamentaria establece que deberá “investigar acerca de la situación ambiental en que se encuentran las comunas del Valle del Huasco en la Región de Atacama, y los efectos que se están produciendo para el funcionamiento de la actividad en general de estas comunas y alrededores, por efecto de la instalación de los trabajos del proyecto Pascua Lama.

    Debe, además, verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el cumplimiento de los compromisos contraídos con el sistema de impacto ambiental, verificar los eventuales daños que se están produciendo en el Valle de Huasco y determinar las responsabilidades de los organismos fiscalizadores y proponer medidas para corregir dichas irregularidades”.

    La voz de los afectados

    Gracias a esta instancia, más de 17 organizaciones que han resistido la instalación y puesta en marcha del proyecto minero Pascua Lama en la naciente del Valle del Huasco, se disponen a exponer y dar a conocer diversos antecedentes que dan cuenta de las afectaciones, en algunos casos irreversibles, que ha producido el accionar de la minera en la alta cordillera.

    Según los opositores al proyecto, la idea es que los legisladores recorran la historia de depredación y corrupción humana y ecosistémica que la empresa ha generado en el territorio, en términos ambientales, a través de las voces locales, mismas que habían sido sistemáticamente desoídas y desconocidas por la autoridad.

    En ese espíritu, es que las organizaciones locales están convocando “a todas las organizaciones y personas del Valle del Huasco, de mar a cordillera, ya que los temas tratados no son solo un problema para la comuna de Alto del Carmen, si no de cuestiones que están atentando la vida de toda la provincia” a asistir el día miércoles 15:00 hrs. y jueves desde las 9:00 a 13:00, a la sesión de la comisión investigadora de la cámara de diputados “Efectos del Proyecto Pascua Lama en el Valle del Huasco”.

    Fuente: eldinamo.cl, publicado 20 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

    Hoy nos sobregiramos con la Tierra

    Mié, 08/21/2013 - 08:52

    Foto: peru.com

    Según cálculos de Global Footprint Network, a contar de hoy la capacidad biológica de los ecosistemas para regenerar recursos útiles y absorber los diferentes desechos generados por el hombre (biocapacidad) ya no es suficiente para sostener las demandas de la población mundial en un año.

    Tenemos un solo planeta, pero vivimos como si no lo supiéramos. Basta ver cómo el consumo y la demanda por recursos se incrementan, sin tener en cuenta que existen límites naturales, cuya transgresión, por cierto, trae consecuencias.

    Esto es lo que muestran los cálculos de Global Footprint Network (GFN), think tank de sustentabilidad que anualmente determina el día aproximado en que la humanidad sobrepasa el presupuesto de la Tierra y comienza a vivir en un sobregiro ecológico. El nombre de esta poco feliz efeméride es el Día del Exceso de la Tierra, cuya fecha recayó este año en el 20 de agosto, según las estimaciones de GFN. Esto quiere decir que a contar de hoy la capacidad biológica de los ecosistemas para regenerar recursos útiles y absorber los diferentes desechos generados por el hombre (biocapacidad) ya no es suficiente para sostener las demandas de la población mundial en un año.

    Esto, sin embargo, no es nuevo. Ya en los 70’s la tendencia al exceso ecológico comenzó a hacerse patente, y desde entonces hemos ido agotando los principales recursos que nos brinda la biósfera y acumulando dióxido de carbono en la atmósfera.

    Como todo deudor sabe, vivir sobregirado no es conveniente ni saludable. Así, en la Tierra los ecosistemas comienzan a degradarse, y de no cambiar esta tendencia, podrían llegar a colapsar. Algunos de los efectos más evidentes de esta translimitación son la escasez de agua, desertificación, erosión del suelo, productividad reducida de tierras agrícolas, pastoreo excesivo, deforestación, extinción rápida de especies, colapso de pesquerías y cambio climático a nivel mundial.

    No todos los países contribuyen de igual forma a este sobregiro ecológico. Por ejemplo, China tiene la mayor huella ecológica del mundo, principalmente debido a su gran población. Pero en términos per cápita, es menor que la de países de Europa o Norteamérica. Así, si todo el mundo viviera como un habitante de China, necesitaríamos 1,2 planetas Tierra para mantener a la población global. Pero si lo hiciéramos como un estadounidense, requeriríamos 4 planetas; y como un habitante de Qatar, seis y medio.

    ¿Y cómo estamos los chilenos? La verdad es que no es para enorgullece. Consumimos por encima del nivel sostenible para un solo planeta: si el mundo entero viviera como nosotros, se necesitarían 1,82 planetas Tierra para poder sostener la demanda de recursos. Sin embargo, en términos país aún estamos en el bando de los “acreedores” ecológicos y no en el de los “deudores”, gracias a nuestra biocapacidad (3,74) que aún supera a nuestra huella ecológica (3,24). Sin embargo, esta última ha ido incrementándose durante los últimos años.

    El desafío entonces es proteger el capital natural, mitigar los impactos humanos sobre la Tierra y adoptar patrones de consumo responsables, con baja huella ecológica.

    Sólo así podremos cambiar el rumbo. Porque si las proyecciones de la ONU sobre consumo y población se cumplen, los datos de GFN muestran que antes de mediados de siglo estaremos necesitando la capacidad de dos planetas para satisfacer las demandas de la humanidad.

    Fuente: Eldinamo.cl, columna de Ricardo Bosshard, publicado el 20 agosto 2013, enlace a fuente de la noticia

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    Instituto Chileno de Permacultura